Por: William Muñoz.
Los recientes conflictos entre empresas mineras y comunidades reavivan la discusión respecto a la conveniencia o no de la inversión minera en el país. Por un lado, están las demandas de los pobladores quienes se quejan por la contaminación de sus aguas y el medioambiente, así como por los incumplimientos, por parte de las empresas, de compromisos asumidos y por no mostrar en los hechos la intención de desarrollar a los centros poblados vecinos a las minas.
Por otro lado, las empresas se quejan de los bloqueos y sabotajes de los pobladores, de la falta de seguridad y estabilidad por ausencia del Estado, como también por los retrasos y trabas en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. Y el Estado, pese a disponer de una Secretaría de Gestión Social y Diálogo (PCM) y varios ministerios, en la práctica no ha sido un eficiente catalizador de estos conflictos, fundamentalmente porque la implementación de reformas estructurales que impulsen el desarrollo en estas zonas, no se ha materializado por falta de recursos y voluntad política.
Es importante, sin embargo, destacar la relevancia económica y social de la minería. Así, las exportaciones mineras representan 60% del total de las exportaciones del país. Igualmente, el 18% del impuesto a la renta de tercera categoría, 10% del PBI del país. Generan 200,000 empleos directos y 1’600,000 empleos indirectos. Desarrollan proveeduría local y articulan con otros sectores como los de servicios y manufactura. Queda, de lo anterior, demostrada la relevancia económica y social de la minería, en particular, su contribución al presupuesto nacional.
Además, en la coyuntura internacional, los precios de los minerales como el cobre se encuentran elevados (figura 1) y se espera que luego de superar la pandemia y restricciones en la distribución, China, USA y la zona europea reactiven y con ello, sostengan un nivel alto de precios. Incluso, en el país, las empresas mantienen una cartera de más de 40 proyectos de inversión minera por montos superiores a los 57,000 millones de dólares (destacando entre ellos: Quellaveco, La Granja, Conga, entre otros).
Es evidente, entonces, que la minería es vital en la estrategia de reactivación económica del país, tanto desde la perspectiva de la inversión como desde el lado de la recaudación tributaria que financia el gasto público. No obstante, también es sustancial considerar la necesidad de cautelar las dimensiones sociales y ambientales de estas operaciones. Por un lado, exigiendo al Estado eficiencia y eficacia en el gasto social en las zonas mineras y, por otro lado, monitorear y cautelar el agua y el ambiente de manera proactiva.
Figura 1: Evolución 2012-2021 del precio nominal del cobre
Ahora, en la ruta que permita optimizar la intervención del Estado se pueden observar las buenas prácticas implementadas por otros países mineros. Así, Canadá ha implementado políticas que facilitan la participación accionaria de las comunidades. Por su parte, Chile, ha implementado un fondo de estabilización del precio del cobre para mitigar las fluctuaciones de los términos de intercambio. Y en definitiva la mayoría de estos países han focalizado la inversión social y generado desarrollo en estos territorios.
Es peligroso para el desarrollo del país la presencia de ONGs antimineras e ideologizadas, como GRUFIDES, CooperAcción e IDL en las zonas de conflictos, las cuales actúan más preocupadas en detener la inversión minera que en mejorar el bienestar de las comunidades. Estos espacios ocupados por las ONGs es el dejado por el Estado falto de creatividad y de voluntad por asignar recursos, diseñar proyectos y programas que cambien la realidad de estos compatriotas cautelando a su vez el medioambiente y la sostenibilidad.
En resumen, la inversión minera es conveniente y necesaria para asegurar el crecimiento económico. Asimismo, es deber del Estado, asumir la responsabilidad de implementar programas sociales y económicos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las minas. En ese sentido, y con cargo a estas inversiones, se debe comprometer un mayor nivel de presupuesto o canon.