Los feminicidios en el Perú son un problema crónico que parece no tener una solución al corto plazo. El 4 de julio, Nancy Tolentino Gamarra, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reveló que en lo que va del 2023 se han reportado 76 casos de feminicidio en todo el Perú, siendo Lima la ciudad con más número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
¿Pero, por qué no hemos podido frenar estos crímenes después de tantas políticas públicas y medidas que se han desplegado?
La Magister en Derecho Penal y Políticas Públicas, Giovanna Vélez Fernández, nos explica en una entrevista algunos aspectos del feminicidio en el derecho, la razón por la cual estos no han disminuido hasta el día de hoy, cómo se podría tratar desde la política pública, y la carga social que nos condena a la perpetración de dichos actos.
¿El feminicidio es un problema que es abordado de forma correcta en el ámbito penal o se tendrían que hacer cambios para mejorarla?
Considero que la regulación del feminicidio en nuestro país como delito independiente es un avance porque antes de la emisión de la Ley N° 30068, publicada el 18 julio 2013 en el Diario Oficial “El Peruano” que tipifica el delito de feminicidio, la muerte de una mujer por su “condición de tal” era considerada como un homicidio calificado o “asesinato”, con lo cual no se visibilizaban los casos de violencia y agresiones hacia las mujeres que originaban las muertes, sustentadas en estereotipos de género y discriminación estructural.
Esta discriminación estructural contra las mujeres ha sido identificada como problema público en la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) aprobada, el 4 de abril de 2019 mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP.
Sin embargo, sería importante contemplar algunos contextos adicionales de violencia como, por ejemplo: el hostigamiento o acoso político, violencia en conflictos armados, conflictos sociales, contra mujeres migrantes, utilizando medios tecnológicos entre otros, en los que se podría cometer el feminicidio.
¿Es un problema que se puede resolver desde las políticas públicas?
Considero que sí, toda vez que es un problema que trasciende la legislación y requiere la adopción de políticas de Estado que puedan abordar de manera integral la problemática, por ejemplo, como mencionaba en la respuesta anterior, el 4 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP que aprueba la “Política Nacional de Igualdad de Género” (en adelante PNIG), la misma que contiene seis objetivos prioritarios: 1) reducir la violencia hacia las mujeres, 2) garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 3) garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, 4) garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, 5) reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad y 6) reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población en los ámbitos público y privado entre mujeres y hombres.
En esa línea, la violencia de género que tiene como consecuencia más grave el feminicidio requiere un abordaje transversal e integral, pues se vincula con otras conductas como la trata de personas, el crimen organizado, además es un problema de seguridad ciudadana, de educación, salud mental, de trabajo. Así, la violencia contra la mujer continuará mientras se mantengan las condiciones que permitan la discriminación estructural contra la mujer y mantengan su situación de vulnerabilidad y de subordinación o dependencia frente al hombre.
Estas condiciones se relacionan con la falta de oportunidades laborales, la tasa de analfabetismo femenino, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la asignación desigual de roles (productivos a los hombres, reproductivos a las mujeres), patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino frente a lo femenino, normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres.
¿Por qué no se han reducido los casos de feminicidio en los últimos años?
La respuesta a esta pregunta, se vincula con las condiciones que generan la violencia señalada en la respuesta anterior y es que efectivamente, de acuerdo al Compendio del Instituto Nacional Estadístico (INEI) 2022, la violencia familiar (física, psicológica) y sexual en contra de las mujeres ha ido en aumento así del 2015 al 2020 se tiene 756 casos de feminicidio. La mayor cantidad de víctimas se encuentran entre el rango de edad de 15 a 29 años, utilizando principalmente arma blanca, estrangulamiento, asfixia, armas de fuego, siendo la relación entre la víctima y el victimario de pareja-conviviente o ex pareja, ex conviviente y el lugar de comisión del delito la propia vivienda de la víctima.
En consecuencia, la víctima de feminicidio es generalmente víctima en primera instancia de violencia familiar, la cual no es atendida oportunamente por el Estado debido a estereotipos de género que están presentes en las autoridades encargadas de prevenir el delito como policías, personal de salud, magistrados, entre otros. Es decir, el Estado debe adoptar medidas más efectivas para atender a las mujeres y evitar que sea víctima también del sistema de justicia (victimización secundaria). Especialmente se requiere fortalecer las políticas públicas para disminuir la discriminación estructural contra las mujeres en distintos espacios públicos y privados, fortaleciendo las capacidades de los funcionarios en temas de género.
¿Hay una carga ideológica que impide que el tema del feminicidio sea abordado de la forma correcta?
Considero que sí y para sustentar mi respuesta pondré un ejemplo en el cual se puede advertir las falencias de algunos magistrados y magistradas del Poder Judicial para abordar temas de feminicidio, así en el Caso de Cyndi Contreras se han advertido 3 falencias que son constantes en la jurisprudencia emitida sobre este tipo de casos:
Errónea interpretación y aplicación del delito de feminicidio.
Falta de enfoque de género de los magistrados.
Estereotipos de género sobre las mujeres y Discriminación.
En la sentencia expedida en primera instancia en el caso de Cyndi Contreras (tentativa de feminicidio) se pueden observar párrafos contrarios a lo establecido por las normas internacionales y que implican estereotipos de género sobre las mujeres producto de una sociedad machista y discriminatoria como por ejemplo cuando se establece que no hubo tentativa de violación sexual porque ella no pidió ayuda antes de entrar a la habitación o que no debió de haber ingresado voluntariamente a un cuarto de hotel o cuando señala que el agresor no demostró odio contra la mujer porque lavo los platos en la reunión en la que estuvieron antes o le pidió matrimonio a pesar del poco tiempo de enamorados. Esas frases en la sentencia dan cuenta que se tiene una concepción de roles asignados a la mujer y otros a los hombres, los cuales la colocan en una posición de subordinación.
El delito de feminicidio tiene como requisito para su comisión la muerte de la mujer por su condición de tal en un contexto de violencia familiar, de abuso de poder o discriminación. Si la víctima es menor de edad o está en estado de gestación o ha sido sometida a violación sexual es un feminicidio agravado con una pena de 30 años.
En ese contexto el ataque contra la víctima va más allá de la vida individual e implica un mensaje social de discriminación y subordinación de las mujeres.
¿Por qué el tiempo de respuesta suele ser tan lento para frenar estos casos de feminicidios? ¿Podemos hacer algo por mejorar el tiempo de respuesta?
Los Instrumentos Internacionales como la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la Comisión Interamericana Derechos Humanos obligan al Estado a erradicar estereotipos de género en las investigaciones de actos de violencia que descalifiquen la credibilidad de la víctima o le otorguen responsabilidad tácita por lo sucedido. Asimismo, la ONU considera como tipo de feminicidio la muerte de la mujer que ha sido atacada sexualmente o la muerte de la mujer como parte de la violencia desplegada por su pareja o ex pareja.
Sin embargo, aún existen prejuicios y estereotipos de género en algunas autoridades que deben prevenir la violencia familiar, sexual o cualquier forma de abuso o discriminación contra la mujer y que lejos de protegerla la responsabilizan por los hechos que denuncian. Cabe señalar que, desde el Estado se vienen haciendo esfuerzos por revertir esta situación y por implementar la perspectiva de género en las instituciones públicas, aplicando por ejemplo encuestas de estereotipos de género, canales de denuncia sobre acoso, mejora de la curricula escolar, capacitaciones entre otras medidas para reducir las brechas de género. Ello permitirá brindar mejores servicios que tiendan a reducir la discriminación hacia la mujer y se pueda responder oportunamente ante determinados casos que puedan dar lugar a feminicidios.
El Ministerio del Interior hace 3 años implemento el aplicativo “Alerta Mujer” para prevenir situaciones de violencia contra la mujer y ayudar a una mejor comunicación directa entre la víctima y la PNP. Asimismo, se implementó el Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas el cual está conformado por cuatro herramientas tecnológicas que intervienen en la atención de denuncias y acciones de difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas, con participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
En esa línea, considero que es necesario capacitar a las autoridades encargadas de prevenir y atender la violencia contra la mujer así como dotar del presupuesto necesario a las instituciones competentes para seguir implementando las herramientas tecnológicas y disponer de los recursos humanos y logísticos necesario para atender estos casos de forma inmediata y oportuna.