Por: Manuel Laurencio Luna.
La pandemia por el COVID 19 ha venido a mostrar nuestras principales falencias como país. Sin embargo, existe un riesgo latente que es de conocimiento de todas las autoridades, ya que ha sido comunicado por los especialistas en reiteradas oportunidades: La muy probable ocurrencia de sismos de gran magnitud (peligro sísmico), cuyos epicentros se ubicarían principalmente en la zona costera del país. Centrándome en Lima metropolitana y Callao, que poseen alrededor de 10 millones de habitantes (INEI), y que, según CAPECO (2017) alrededor del 70% vive en construcciones informales, se suma la importante acumulación de energía sísmica (no liberada en su totalidad en 1940, 1966, 1970 y 1974) desde Cañete hasta Barranca (IGP). La estimación del daño frente al sismo severo de Magnitud 8.8 Mw (Riesgo Sísmico) y su consecuente Tsunami (similar al de 1746), es de 110 mil muertos, 353 mil viviendas destruidas y 623 mil viviendas inhabitables (INDECI, 2017). Comparando únicamente el número de fallecidos, en 10 minutos se tendría el 60% del número de muertes que el COVID-19 ha ocasionado en 480 días.
Lamentablemente como país, muy poco se ha hecho frente a este problema. Si bien es cierto, existe el Bono de Reforzamiento Estructural (12, 000 soles para 18 m2), para que un propietario acceda a ello y pueda reforzar, implica también inversión propia que no le es posible afrontar por falta de liquidez, ya que su edificación (por lo general construida sin los materiales adecuados desde su cimentación, sin criterios de estructuración y sin profesionales) que ha pagado durante décadas, tiene a veces un costo un poco mayor que el costo del reforzamiento estructural total. Esto puede implicar, desde un aumento en la ductilidad de muros frágiles o deteriorados con mallas electrosoldadas, hasta el incremento de muros de albañilería confinada o de concreto armado desde la cimentación, para aumentar la rigidez en las direcciones principales y satisfacer la resistencia requerida. Por otro lado, está la preocupante mentalidad de “el ingeniero cuesta caro” y “el maestro que ha hecho mi casa tiene 30 años de experiencia y nunca se le ha caído nada”; cuando por lo general, el costo de los especialistas es aproximadamente el 1% del costo total de la obra, y si bien es cierto esta inversión inicial retrasaría el tiempo de inicio de la obra y aumentaría su costo (el costo normal de una edificación bien hecha), daría también la seguridad de vivir en una casa que satisface la filosofía sismorresistente: El resguardo de la vida y minimizar los daños a la propiedad (NTE 030 2018).
Es pues, necesario que nuestras autoridades tomen cartas serias en el asunto. Esta pandemia nos ha dejado una enseñanza clara: Crecimiento económico no implica una buena atención en Salud para la gran mayoría de ciudadanos, ni tampoco crecimiento en el plano cultural, social y tecnológico (falsa prosperidad). Además, ha evidenciado que no estamos preparados para afrontar las consecuencias de un desastre natural de la magnitud de un sismo severo y un Tsunami juntos. Mucho se avanzaría impidiendo desde hoy con estricta severidad, las construcciones informales en todos los distritos, así como educar a la población con vídeos y conferencias para que tomen conciencia del peligro al que están expuestos, y ser los mismos propietarios quienes tomen la iniciativa de reforzar su vivienda (con mucho esfuerzo). Por último, se tiene el reto de seguir implementando medidas más creativas y de mayor impacto en la población para lograr un incremento en el reforzamiento de viviendas, reduciendo de esta forma su vulnerabilidad sísmica.
