Por el Prof. MANUEL BERMÚDEZ TAPIA
Facultad de Derecho – UCSS
En los últimos días se ha podido apreciar, con una mayor intensidad, a través de la prensa, una serie de situaciones vinculadas al ámbito de la violencia familiar, en la cual hijas, esposas y madres han sido parte de las estadísticas de violencia en el país, registrándose casos de lesiones, maltrato psicológico y feminicidio.
El problema
El gran inconveniente de esta situación es que prácticamente parece ser que solo las mujeres son las afectadas y esa impresión está determinando un panorama erróneo en la apreciación que ejecuta el legislador, el funcionario público cuya entidad debe diseñar una política pública de atención a este contexto social.
Así, el legislador se está equivocando en su apreciación de la realidad y está determinando propuestas legislativas focalizadas en el incremento de la pena a los delitos que se están ejecutando, como sin la ley pudiera solucionar el problema social en ciernes. Un error que está provocando un mayor caos en el ámbito jurisdiccional por cuanto la pena no genera su verdadero objetivo en el ámbito criminológico, ya que esta no previene, ni disuade la comisión de estos actos por parte de los agresores y es porque la violencia no tiene un rostro o género determinado.
Otros tipos de violencia
La violencia no distingue género porque cualquiera puede provocar una situación de violencia y, lamentablemente, nuestro país vive en un contexto de violencia social que lleva muchos años y que se traduce en una serie de dimensiones y contextos como, por ejemplo, en el ámbito económico, en el cual las polaridades económicas de los miembros de la comunidad no logran comulgar intereses y posiciones comunes y, por ello, es que existe la subcontratación laboral en el país, en la cual los derechos laborales son ideas teóricas imposibles de alcanzar en un contexto de exclusión.
Por ello, las empleadas domésticas, generalmente mujeres, solo reciben la mitad de una remuneración mínima vital a pesar de que trabajan más de ocho horas al día, incluyendo situaciones de explotación humana, acondicionamiento de la personalidad y maltrato sexual.
Así, el Estado, que en principio debe proteger a todo trabajador, sencillamente se hace de la vista gorda para sostener un maltrato histórico a quien prácticamente es un sirviente en un sentido medieval de la palabra, porque ni sus propios empleadores le pueden otorgar el derecho de desarrollar un trabajo digno, porque si lo fuera, este sería correctamente remunerado.
En este ámbito, tampoco se reconoce el inmenso trabajo que ejecutan las personas vinculadas al rubro de la limpieza pública, del aseo en las instalaciones públicas o privadas o las que se dedican a los servicios de comida y de diversión, que son generalmente mujeres y, claro, como nadie “las golpea”, no se toma en cuenta que ese tipo de trabajo existe.
La invisibilidad de la mujer pasa, entonces, a ser un contexto sumamente complejo en el cual participan todos los integrantes de la sociedad, incluyendo el Estado, que mantiene un sistema normativo medieval, porque desvalora a la mujer frente al varón en lo económico, en lo laboral y en lo social.
Negar esta situación permite que los demás integrantes de la sociedad nieguen el inmenso valor de la mujer, no solo por lo que ejecutan en el ámbito privado, como madres de familia, sino también en el ámbito público, porque son agentes económicos que impulsan el país y ese valor resulta trivializado por el mismo Estado, que aún no se da cuenta del error que comete al no diseñar una real y verdadera política pública de atención a las mujeres.
No es una cuestión de ley, es una cuestión de educación.
No basta con modificar la ley porque nunca un problema social se ha solucionado con una ley. Se debe partir por empezar estas políticas con un contexto de adecuación de la educación que se imparte en la sociedad, en todos los niveles, para que el respeto al otro realmente alcance un verdadero nivel de exigencia moral porque, de lo contrario, nunca se podrá materializar el bien común, factor que identifica a una sociedad en progreso, en la cual los derechos de todos son garantizados y respetados por los otros integrantes de la comunidad.
Hace mal el Estado, y en específico el legislador y el funcionario público, en pensar que la ley solucionaría el problema social que afecta a las mujeres y las condiciona a ser víctimas, y este factor se expone finalmente en el terreno judicial.
Así, podemos observar que fiscales y jueces se equivocan de forma negligente cuando deben atender los casos de violencia familiar que se presentan cuando maltratan, golpean, violan o matan a mujeres, porque parece ser que si no tratan casos importantes o mediáticos, su carrera en la magistratura no tiene sentido.
Una visión que no puede dejarse de lado en el contexto que evaluamos, ya que son los jueces y fiscales quienes no pueden equivocarse en la evaluación de derechos de las mujeres que son víctimas. Resulta imposible explicar el nivel de desidia porque esta linda con la ineptitud y no son los jueces y fiscales los únicos culpables.
El gran error en este problema mayúsculo está en que no se toma en cuenta que la mujer es un ser humano, con los mismos e iguales derechos que un varón y, para ello, la misma sociedad debería de dejar los dobles discursos.