Por Mag. WILLIAM MUÑOZ MARTICORENA
Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales
El domingo último juramentó un nuevo Gabinete Ministerial presidido por Mercedes Araoz, prolija académica y funcionaria de multilaterales. Con ella, arribaron nuevos ministros para las carteras de Educación, Salud, Vivienda y Justicia. Precisamente, estos se ubicaron en sectores convulsionados por demandas, huelgas y problemas de gestión; así como por una apremiante necesidad de acelerar aletargadas acciones en favor de la reconstrucción del norte del país y de una defensa más efectiva de los intereses nacionales en los casos de corrupción.
Quisiera centrarme en dos aspectos determinantes para la buena gestión de las políticas públicas: la lucha anticorrupción y el comportamiento ético de los ciudadanos. En primer lugar, no hay duda del impacto negativo de la corrupción sobre las expectativas de los agentes económicos, al minar la confianza y los niveles de inversión. Dicha situación afecta, además, la calidad y el desempeño de las obras públicas y promueve un sector informal, evasor, de baja productividad y generador de subempleo. Asimismo, se aprecia la conducta del ciudadano corriente, aquel dispuesto a pagar una coima al policía para evitar la papeleta, que evade el pago de impuestos municipales, que no cuida los bienes públicos ni respeta los derechos al descanso y tranquilidad de los demás.
Ambos factores definen el escenario marco en el cual el nuevo gabinete pretenderá alcanzar sus objetivos de política. Su análisis nos permitirá formular una propuesta.
Nuestra propuesta
En relación con la corrupción, la propuesta será la transparencia. Fue precisamente Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Alejandro Toledo, quien dio uno de los mayores impulsos a las políticas de transparencia. Así, obligó a que las instituciones públicas evidenciaran en sus portales web información relevante para la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas. Hoy, esto debería retomarse con mayor celo y rigor.
Por otro lado, el caso Lavajato ha revelado la existencia de sistemas organizados de corrupción que comprenden a empresarios, funcionarios públicos, jueces, fiscales, estudios de abogados, notarios, periodistas y gestores de intereses. Aquellos, articuladamente, montaron un aparato sofisticado para amañar contratos, utilizar sesgados mecanismos de arbitraje y a una justicia torcida. Asimismo, influenciaron en la opinión pública para distorsionar los hechos.
Una oportunidad para entender mejor los hilos de la corrupción en el país e intentar erradicarla se presenta mediante la posibilidad de una colaboración eficaz de Alejandro Toledo a cambio de revelar los nombres y las evidencias de estos operadores corruptos que aún son anónimos. Solamente, luego de extirpar este aparato maligno, el funcionamiento del país podrá orientarse hacia el correcto bien común. En este sentido, el Perú exige profesionales y políticos probos, periodistas investigadores que actúen con base en la evidencia, jueces justos, y empresarios competitivos y con responsabilidad social.
Finalmente, en cuanto a la ética de los ciudadanos, esta se incuba en las familias, la escuela, el trabajo y el barrio. Son estos los espacios donde los valores deben practicarse y desarrollarse. Necesitamos de buenas familias, como núcleo de la sociedad; buenas escuelas que formen en competencias y valores; buenos trabajos, productivos y responsables, e incluso barrios y grupos de amigos que promocionen la solidaridad, la alegría y la felicidad.