Por CÉSAR MONTERROSO
Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales
La administración del riesgo político
Para la actividad económica se hace necesario que el gobierno administre el riesgo político. En los últimos gobiernos, un factor detonante de la inestabilidad económica ha consistido en el desacuerdo entre los objetivos de la política económica y las expectativas de los actores de la economía nacional. Por un extremo del formulación de las políticas se han diseñado teniendo presente el interés de algunos grupos económicos olvidándose del objetivo primario de la economía que consiste en generar las condiciones objetivas en la cuales la población emprendedora y activa se integre a la economía nacional.
La descentralización de la economía nacional
Es importante para la dinamización efectiva y real de la economía nacional, la integración de la actividad económica regional, lo cual implica, que dentro del marco institucional de la coordinación de las distintas políticas públicas se debe tener como rol relevante: una relación activa entre los gobiernos regionales, locales y central. Esto se asocia con la inoperancia de la clase política que realiza la gestión pública, en el objetivo del desarrollo local coordinado y estratégicamente focalizado al entorno global.
La lucha contra la corrupción
Es necesario mejorar la regulación de la política anticorrupción. La inoperancia del Estado frente a los efectos negativos de la corrupción en el proceso económico, deriva en una pérdida de eficiencia de los mercados. La corrupción reduce la recaudación fiscal volviendo necesario una reducción del tamaño del aparato del estado. Por ello, retornar a identificar la eficiencia de los mercados con el valor ético en las transacciones reduce los costos de la informalidad. Se hace necesario una reforma de la legislación tributaria mediante el cual la elusión sea penalizada, los signos exteriores de riqueza no acordes con lo aportado efectivamente sean incorporado en el cálculo efectivo de los impuestos.
La concertación de las políticas públicas
En la economía, se ha analizado y discutido desde diferentes enfoques políticos del proceso de coordinación entre el gobierno y los actores o grupos de interés sobre los beneficios de una distribución equitativa y proporcional de los efectos de la política económica. El proceso de coordinación en el Perú siempre ha sido un problema no solo social o político sino fundamentalmente económico. Las disputas ideológicas han significado perdida de un mercado fluido y eficaz a pesar del Acuerdo Nacional. Por ello, el gobierno debe plantearse a través de la Presidencia del Consejo de Ministros un rol activo y amplio, y debe promover la reactivación y actualización de los fines y objetivos del Acuerdo Nacional pensando más en los actores civiles, profesionales, los grupos representativos de consumidores y productores antes que los propiamente políticos. A partir de este acuerdo sobre los políticas públicas, están deberá buscar ser refrendas en el ámbito político.
La diferenciación del modelo económico constitucional
El gobierno debe cumplir en toda su dimensión el modelo de economía social de mercado. Este modelo de distancia de todos los otros modelos en su objetivo social y económico coordinado. Por un lado, no tiene ninguna relación con el liberalismo puro o clásico, ni con los modelos de corte estatista o controlista. Desde su base radica en la dimensión de la persona humana, y los fines de subsidiariedad del Estado frente a las fallas de mercado. En este sentido, el diseño de las políticas públicas deben suponer un rol promotor activo y complementario a la dinámica de los actores en el mercado buscando reducir las fricciones, costos de transacción, buscando el crecimiento y desarrollo económico.