REDACCIÓN CAMPUCSS
El Dr. Flavio Felice, es catedrático de historia de las doctrinas políticas en la Universidad de Molise y director de las revistas «Perspective Persona» y «Power and Democracy». Asimismo, fue invitado por la UCSS para el Simposium interfacultades, en donde expusó distintos temas en materia económica y educativa respecto al Pacto Educativo Global del Papa Francisco.
Debido a su experiencia internacional y conocimiento, nos brindó una entrevista en la que nos explica los ámbitos y cómo debería desarrollarse la Economía Social Mundial, y todos los factores que influyen en ella.
Según los conceptos sobre la Economía Social Mundial, se trata de unir la libertad económica, ejercida por los actores económicos de un país como empresas, entre otros, y la justicia social. ¿Quién debería ejercer esa justicia? ¿Un Estado regulador o solo apelan a la solidaridad y autorregulación de los empleadores?
El concepto de justicia social es muy complejo y no podemos resumirlo en pocas palabras. Si consideramos una determinada perspectiva, la de la doctrina social de la Iglesia, debemos partir de la consideración de que no hay «acto de justicia» y, en consecuencia, «de injusticia» que no provenga de la acción de una o varias personas. Juan Pablo II, desde la exhortación apostólica «Reconciliatio et paenitenzia» y posteriormente en la carta encíclica «Sollicitudo rei socialis», nos dice que las «estructuras de pecado» son la causa de la injusticia social, pero también nos dice que no hay «pecado social» que no esté procurado por muchos actos individuales de injusticia. La injusticia puede ser directa o indirecta, puede procurar el mal a los demás, o simplemente tolerarlo; puede surgir de malos hábitos consolidados en el tiempo o de ostentadas «razones de fuerza mayor», como la «razón de Estado» o el «estado de excepción». En fin, pueden ser muchos los caminos que conducen a la injusticia social y todos ellos deben ser considerados con gran atención, para que se eliminen las razones que los originan. Y aquí llegamos a la cuestión que planteas sobre el MEDE. Según esta perspectiva que procede del corazón mismo de la doctrina social cristiana, y no simplemente de la católica, en condiciones ordinarias el Estado desempeña una función ordenadora en los mercados: establece las reglas del juego y controla que todos los operadores las respeten. En la práctica, el MEDE asigna al proceso de mercado competitivo una función de «bien público» que merece ser protegida mediante el recurso a normas constitucionales. La razón es sencilla: la competencia no distingue entre ricos y pobres, aristócratas y burgueses, no se fija en el color de la piel; en definitiva, la competencia rompe un sinfín de prejuicios y discriminaciones establecidos desde hace tiempo. En segundo lugar, la competencia, cuando está regulada y el árbitro es justo, tiene el mérito de volver a barajar las cartas en cuanto a la distribución del poder dentro de la sociedad, y se convierte en el arma más poderosa para romper lo que el sociólogo Robert Michels llamó «la ley de hierro de las oligarquías»: una oligarquía siempre es sustituida por una nueva oligarquía. Los procesos competitivos contribuyen a la rotación de posiciones de poder, tanto en la esfera política como en la económica, y permiten lo que otro sociólogo, Vilfredo Pareto, llamó «la circulación de las élites». En la práctica, los mercados altamente competitivos no garantizan a nadie la ocupación permanente y definitiva de los puestos de poder, no fomentan las alianzas entre las élites, que se sienten constantemente amenazadas y, en consecuencia, no están seguras del carácter estratégico de ciertas alianzas.
En un sistema de mercado altamente competitivo, las posiciones de poder son escalables y, por tanto, contestables, y si la autoridad política supervisa el buen funcionamiento de los procesos selectivos, a todos los niveles y en todas las esferas, entonces los mercados abiertos y competitivos son el instrumento más eficaz de inclusión social. La alternativa es un sistema en el que el Estado determina los porcentajes de riqueza que corresponden a los distintos grupos sociales y determina cuál de estos grupos debe decidir el destino de los demás. Otra alternativa es la cristalización de las relaciones de poder, garantizadas por el Estado, que da limosna de forma paternalista a los más pobres y desfavorecidos a cambio de su favor electoral. El primer modelo es el de la sociedad libre; el segundo, el de la sociedad corporativa; el tercero, el de la sociedad neofeudal.
En el modelo ESM, el Estado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, interviene primero para apoyar a las personas si no pueden arreglárselas por sí mismas o a través de las instituciones de la sociedad civil, y sólo entonces, de forma temporal, actúa para que las organizaciones espontáneas de la sociedad civil puedan retomar su función principal. Así, en condiciones ordinarias, el Estado es un regulador y controlador, pero en casos excepcionales, en ausencia de una sociedad civil capaz de responder de forma autónoma a los problemas de la gente, puede intervenir con acciones específicas que se ajusten al orden del mercado. Es decir, capaces de volver a encender el motor autónomo y libre de la sociedad civil, para que ésta vuelva a ser protagonista en la esfera civil.
Si la autoridad política supervisa el buen funcionamiento de los procesos selectivos, a todos los niveles y en todas las esferas, entonces los mercados abiertos y competitivos son el instrumento más eficaz de inclusión social.
Según nuestra Constitución, en Perú se aplica una ESM pero ¿Qué estaría fallando para que exista tanta desigualdad de oportunidades?
Exactamente este es el problema. La primera tarea del MSE es crear un orden político, económico y cultural en el que se pueda experimentar la igualdad de oportunidades en el mayor grado posible. Se trata de una tarea prepolítica, pero que la política puede facilitar mediante una serie de importantes infraestructuras tangibles e intangibles. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los edificios escolares, la seguridad del territorio, un medio ambiente sano, el sistema sanitario, el sistema escolar, el sistema fiscal, la ley y el orden, etc., son todas formas de obras públicas necesarias, tangibles e intangibles, a través de las cuales el Estado contribuye a crear un sistema en el que las oportunidades tienden a nivelarse para todos. El fomento de la cultura de la acogida, el medio ambiente, la belleza artística, la seguridad social, la salud, el trabajo, etc., son bienes inmateriales que dan fuerza a las instituciones políticas, económicas y culturales a las que se pide que acaben con las causas de la desigualdad. En la práctica, no basta con escribir en un papel que Perú se inspira en el MSU, es necesario que las instituciones y la sociedad civil se muevan en esa dirección.
En la práctica, no basta con escribir en un papel que Perú se inspira en el MSU, es necesario que las instituciones y la sociedad civil se muevan en esa dirección.
¿Cómo diferenciar una ESM de las propuestas sobre un Estado regulador más apegado al comunismo/socialismo clásico?
No estoy familiarizado con los acontecimientos políticos peruanos y no sería muy serio por mi parte «meterme en el meollo» de la vida política de su país. Por esta razón, me limitaré a representar teóricamente, desde la perspectiva del ESM, la distinción entre la función del Estado en una ESM y la de una economía «depredadora», «extractiva». La economía depredadora y extractiva puede basarse tanto en una ideología neocolonialista, propia del llamado «capitalismo de amiguetes» («capitalismo rentista»), como en una ideología neosocialista-populista, cuyos «rentistas» son las oligarquías de los partidos en el poder.
En términos teóricos, la diferencia radica en el concepto de «intervención conforme al mercado». En una ESM, las intervenciones conformes con el mercado son aquellas que, si bien modifican las preferencias de los operadores, no alteran la lógica del mercado: la asignación óptima de recursos escasos a usos alternativos. Las preferencias cambian en función de las condiciones del mercado; en la práctica, son reabsorbidas por el nuevo equilibrio. Por otro lado, una intervención no conforme envía una señal engañosa al mercado, en virtud de la cual los inversores están mal informados y se comportarán en consecuencia. En la práctica, en este último caso, el cambio de comportamiento no obedece a las condiciones reales del mercado, sino al impulso que han recibido en base a una simulación política de cómo se quiere que vaya el mercado. En este caso, los cambios no son absorbidos por los procesos de mercado, sino por sucesivas y cada vez más masivas dosis de intervencionismo diferencial.
Las intervenciones conformes con el mercado son aquellas que, si bien modifican las preferencias de los operadores, no alteran la lógica del mercado
¿Cuáles son las principales trabas o errores que cometen los gobiernos para no distribuir bien la riqueza?
Los gobernantes cometen muchos errores, pero la riqueza de una nación no depende exclusivamente de la acción política, y a veces los gobernantes se ven obligados a cometer errores, dadas las insuficiencias institucionales en las que actúan. Esto no quiere decir que los gobernantes no cometan errores, al contrario, los cometen, y muy graves. Lo que quiero decir es que si pensamos que la pobreza puede ser abatida por el comportamiento virtuoso de los gobernantes, estamos en el camino equivocado. Siempre habrá gobernantes incapaces o deshonestos, incluso muchos incapaces y deshonestos. La cuestión en la que me gustaría centrarme es en la calidad «inclusiva» de las instituciones políticas, económicas y culturales. Si la calidad inclusiva de las instituciones es alta, es muy probable que un gobernante incapaz no sea elegido, mientras que un gobernante deshonesto será encarcelado. Por lo tanto, dado que la responsabilidad de la política es tan importante, la responsabilidad de la sociedad civil es enorme. ¿Quién comprueba la calidad inclusiva de las instituciones? Desde luego, no los que se enriquecen con un sistema «extractivo» que los mantiene clavados en sus puestos de poder. Corresponde a la sociedad civil organizada en movimientos, asociaciones, partidos, sindicatos, los llamados «pequeños pelotones» que, por sus intereses, desafían y orientan la acción de la clase política, antes de que ésta se convierta en «casta». Será el pluralismo de esta contestación y orientación, al haber tantos intereses en la sociedad civil, lo que impedirá que una «casta» sea sustituida por otra. Se trata de una operación que nunca termina; es la propia dinámica de la vida civil en una comunidad de hombres y mujeres libres.
Si la calidad inclusiva de las instituciones es alta, es muy probable que un gobernante incapaz no sea elegido, mientras que un gobernante deshonesto será encarcelado.
¿Por qué cree que especialmente en Sudamérica persisten las ideas de izquierda radical y socialistas?
No creo que los problemas de injusticia sean tan persistentes sólo en Sudamérica. Soy italiano y puedo asegurar que hay amplias zonas de mi país que están completamente o en gran medida fuera del Estado de Derecho. Regiones enteras están en manos de bandas mafiosas, en connivencia con líderes políticos y figuras de la sociedad civil, que guían a los gobernados en la dirección del saqueo diario de la riqueza del país, la devastación del medio ambiente y la delincuencia general: robo, drogas, chantaje, asesinato. Está claro que la situación en Sudamérica puede considerarse más grave que en otros lugares, pero en todo el mundo hay casos de profunda injusticia económica y violencia política.
Creo que las causas hay que buscarlas en el sistema cultural institucional de tipo «extractivo» que domina los territorios donde la injusticia y la violencia política y callejera están más presentes. Creo que las razones de la presencia de tales causas deben buscarse en la historia. En el caso italiano, donde históricamente se han ubicado las sedes de la mafia y de las organizaciones criminales, la idea de autoridad política ha coincidido con la del «Estado», que se ha impuesto en un territorio cuyas poblaciones nunca han aceptado plenamente a ese Estado. Con razón o sin ella, la presencia del «Estado» fue percibida como la acción de un ocupante y la población del sur de Italia, alentada por los terratenientes y los que se habían opuesto a la presencia del «Estado», se sintió colonizada, defraudada, privada de su riqueza y de su autonomía. En gran medida este juicio es infundado, pero también es parcialmente cierto. El hecho es que esta desconfianza hacia el Estado se ha ido convirtiendo en hostilidad y ha sido recogida por empresarios sin escrúpulos que ahora utilizan a los más pobres como mano de obra para sus sucios negocios. Este rico y poderoso submundo de la mafia se ha extendido por todo el país y su sede ya no está en una cueva o en una casa de campo del sur de Italia, sino en los despachos de los abogados de las grandes empresas que operan en las bolsas de Milán, Londres, Tokio y Nueva York.
Es evidente que las condiciones históricas italianas que han determinado el fenómeno de la mafia y han producido casos de injusticia y violencia generalizada son extremadamente diferentes a las de Sudamérica. Sin embargo, me gustaría señalar un punto en común: la calidad extractiva de las instituciones, el hecho de que las reglas que ordenan el sistema político no favorecen la rotación en la cima del poder. En este punto, la conquista por parte de las élites políticas y económicas de estas instituciones, la ausencia de una sociedad civil madura y fuerte que actúe como control del poder omnívoro de las élites, favorecen la demagogia y el populismo de quienes prometen acabar con la injusticia y la violencia, si estuvieran en el lugar de la élite actual. Por eso, allí donde reinan la injusticia y la violencia política, se abren paso movimientos populistas y maximalistas, a veces de cuño socialista, a veces de matriz nacionalista o indígena (que se autodenominan populares, pero que no tienen nada de populares), prometiendo justicia y paz. No hay paz que pueda surgir de la violencia política y no hay prosperidad económica que pueda surgir de un sistema diseñado para favorecer a una casta en detrimento de toda la población. Lo que ocurrirá es que los nuevos gobernantes que lleguen al poder, esta vez serán los socialistas, comunistas, nacionalistas, soberanistas y demás, y se convertirán en la nueva casta, por la sencilla razón de que las instituciones están diseñadas y construidas para perpetuar la injusticia y la violencia política, cristalizando las posiciones de poder. La justicia no es una cuestión de buenas intenciones individuales o de envidia social: la moral social y política de Robin Hood (quitar a los ricos para dar a los pobres), sino que es una cuestión de arquitectura institucional inclusiva, nacida de una cultura de la libertad y de la responsabilidad que ve a los ciudadanos como los soberanos que cuidan de sí mismos y de las personas que les son confiadas o cercanas, recurriendo a la construcción de instituciones espontáneas de la sociedad civil que operan un control preventivo y final sobre las acciones de los gobernantes; instituciones de las que son directamente responsables. La justicia no es una cuestión de servilismo, donde los gobernantes benévolos complacen y apaciguan a sus dóciles súbditos, a los que sólo se les pide que recen, paguen y obedezcan, a cambio del tradicional «panis et circenses» («pan y circo»).
Está claro que la situación en Sudamérica puede considerarse más grave que en otros lugares, pero en todo el mundo hay casos de profunda injusticia económica y violencia política.
¿Cómo separar el concepto de la ESM de cualquier ideología política de izquierda o derecha?
Es muy difícil responder a esta pregunta, por la sencilla razón de que «derecha» e «izquierda» en el mundo pueden significar cosas muy diferentes. Me gustaría ofrecerles este diagrama, que creo que podría servir como modelo ideal para reconocer cuándo estamos ante un sistema basado en el modelo del MEDE y cuándo estamos ante algo muy diferente o similar, pero ciertamente no superponible al MEDE. La perspectiva de la economía social de mercado se estructura en los tres puntos siguientes: 1) impedir que el poder político sea una fuente arbitraria de desorden; 2) abolir toda estructura monopolística; 3) hacer prevalecer la libertad y la competencia en todos los casos.
Los defensores de la economía social de mercado, a través de sus obras, han señalado que al igual que el mercado no ha podido desempeñar el papel de campo y de reglas de juego al mismo tiempo, el Estado no podía ser árbitro y jugador a la vez. El Estado sólo podía realizar la función de árbitro. El sistema político habría tenido que distinguirse del sistema económico, tanto a nivel nacional como internacional. De ahí la necesidad de distinguir el Estado como árbitro, el mercado como campo de juego y los jugadores como partes del juego. En este punto, una vez que cada actor desempeña su papel en el escenario «civil», también podemos ver posibles antídotos contra el riesgo de que las enormes concentraciones económicas privadas degeneren en un sistema de colectivismo público.
El Estado no podía ser árbitro y jugador a la vez. El Estado sólo podía realizar la función de árbitro […] el Estado como árbitro, el mercado como campo de juego y los jugadores como partes del juego.